En Venezuela la mano del chavismo alcanza Internet, bañanado a la red de rojo. Desde bloqueos informativos, caídas del servicio, discriminación en la velocidad de conexión, hasta la vigilancia gubernamental; se afirma que el acceso a Internet en Venezuela no es libre.

Este artículo abarca consideraciones legales nacionales e internacionales, recomendaciones, y ejemplos de la censura en la red por parte del gobierno venezolano; recordando el apagón digital en el Estado Táchira durante las manifestaciones de febrero de 2014, la falta de diversidad y pluralidad por la persecución a personas críticas al gobierno, la falta de privacidad y las dificultades de acceso. Lo redacté en marzo de 2015 y forma parte del informe anual 2014 sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información de la ONG Espacio Público, donde trabajaba en ese momento y presenta un panorama general sobre la libertad en la red en Venezuela.

Para tener un panorama amplio sobre por qué en el 2016 la situación de los medios de comunicación social tradicionales en Venezuela es tan crítica, les invito a leer sobre la monopolización de los medios por parte del gobierno, y sobre las restricciones de acceso al papel prensa.

 

La sombra roja en Internet

Andrea Garrido Villareal [1]

En ocasiones se percibe Internet como un “mundo paralelo”, un lugar integrado a la vida cotidiana donde las personas se comunican masivamente y de múltiples maneras: es muy diferente a las vías de comunicación tradicionales. Un tuit puede alcanzar a millones de personas, sin necesidad de estar publicado en la primera plana del periódico un domingo; una publicación en un blog, Facebook o cualquiera de las plataformas sociales puede viralizarse y tener un impacto significativo en la opinión pública.

Pero entonces, ¿se debe regular Internet? ¿Son legítimas las sanciones del Estado? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en la web? El artículo 13 de la Convención Americana precisa que este derecho fundamental comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”[2]. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la Relatoría Especial para la Libertad De Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Relatoría Especial), han establecido que este artículo es plenamente aplicable a las comunicaciones en Internet[3].

La Web es una plataforma sin igual para el desarrollo del derecho a la libertad de expresión, ofrece posibilidades de interconexión mundial y diversidad de formatos que se adaptan a los intereses de todo público para buscar, difundir y recibir información. Internet, además, permite el ejercicio de derechos como la educación, asociación, el goce de los avances científicos, y la defensa de otros derechos, todo a un bajo costo; por eso es necesario proteger este espacio para que se mantenga libre, plural, abierto, neutral y sin discriminación.

Durante el año 2014, en Venezuela, las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Internet aumentaron 55%, con un total de 31 casos[4]. El vacío informativo dejado por medios tradicionales que cambiaron de dueño, provocó que más personas buscaran información en la Web; lamentablemente, se hizo frecuente el castigo a las expresiones en Twitter por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información incómoda al gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles sociales y correos electrónicos.

Apagón digital

“Vivo en San Cristóbal Edo. Táchira y escribo estas líneas mientras nos sobrevuelan helicópteros de la FANB a las 12:48 PM, viernes 21 de febrero de 2014 (…) Les escribo porque al gobierno le dio la gana de devolver el internet”[5].

Desde el 13 de febrero usuarios de la red social Twitter denunciaron que no podían ver ni descargar imágenes publicadas en el sitio web[6]. Había protestas anti gubernamentales en las principales ciudades del país desencadenadas porque el día anterior, 12 de febrero, habían asesinado a tres personas durante las protestas convocadas para celebrar el Día de la Juventud; los medios tradicionales no emitían información constante y la gente conocía los hechos a través de las redes sociales y portales web.

Ante los rumores de bloqueos, los usuarios empezaron a divulgar herramientas para acceder a Internet; incluso la cuenta oficial de Twitter en español publicó “Usuario en #Venezuela: Sigue y recibe notificaciones por SMS de cualquier cuenta en Twitter. Manda «SEGUIR [usuario]» a 89338 (@MovistarVE)”[7], ofreciendo la posibilidad de recibir actualizaciones de la red social sin necesidad de estar conectados a Internet. A su vez, el vocero de Twitter, Un Wexler, declaró: “Los usuarios de Twitter han estado publicando sus fotos de las manifestaciones en las calles, ofreciendo una alternativa a los medios de comunicación estatales. No está claro si las fotos son bloqueados en todos los proveedores de Internet en Venezuela”[8].

En medio de esta situación, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, se manifestó el 14 de febrero desde su perfil en Twitter y reconoció que el ente bloqueó “varios de los enlaces desde donde se atacan sitios públicos”[9]. La empresa estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) —principal proveedor de Internet en Venezuela, maneja entre el 60 y el 80%[10] de los usuarios a través de la red ABA— emitió un comunicado en el que desmintió «enfática y categóricamente que esté involucrada en la falla reportada por usuarios el día de ayer 13 de febrero que afectaba la carga de imágenes en la aplicación Twitter»[11] .

Días después, el 21 de febrero, el portal de noticias Estamos en Línea denunció que la capital del estado Táchira, San Cristóbal, “[d]onde están habilitados los mayores puertos de conectividad a la red de la zona, tiene más de 24 horas sin acceso a Internet a través de la red ABA de Cantv”; además explicó que el proveedor de Internet podría bajar “[l]a capacidad de los equipos para que no envíen más de una cierta cantidad Megabits por segundo, lo que hace que el sistema se congestione y servicios sean más lentos que normalmente”[12].

A raíz de las dificultades para acceder a Internet, los manifestantes empezaron a utilizar aplicaciones alternativas para organizarse; Zello fue una opción popular, ya que permite a los usuarios convertir sus celulares en radios para transmitir mensajes de voz a través de un canal sintonizable, con hasta 600 usuarios por canal. Desde el 20 de febrero los creadores de la aplicación informaron que recibían múltiples denuncias de venezolanos indicando que no podían utilizar la aplicación en el país sin el uso de una conexión VPN[13]. El 21 de febrero Bill Moore, director general de Zello, declaró que “la más importante operadora de telefonía móvil y el principal proveedor de internet de Venezuela —Movilnet y CANTV— bloquearon el jueves (20 de febrero) el acceso a Zello.co”[14].

El derecho a la Libertad de expresión está consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), amparando el derecho a buscar, difundir y recibir información de forma oportuna y veraz. El principal proveedor de Internet en Venezuela es una empresa estatal, y las restricciones de acceso a la Web aplicadas a sectores de la población van en contra de la Constitución; que estos bloqueos hayan ocurrido en un contexto de conflicto y protestas es representativo, evidencia la discrecionalidad gubernamental para evitar que las personas se comuniquen y se informen oportunamente sobre el acontecer público, acción que está protegida en la CRBV.

En cuanto al derecho internacional, el principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que “[t]odas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole (…)”.

Por su parte, la Relatoría Especial explica que este principio se extiende a Internet, e implica la necesidad de que el Estado garantice la conectividad y el acceso universal al ciberespacio en todo el territorio del Estado[15]. Además, establece que el derecho de acceso a Internet “[a]pareja también el derecho de todas las personas a que no sea bloqueada o interrumpida arbitrariamente su posibilidad de acceso a Internet o a cualquier parte de esta”[16]; y agrega que está “[p]rohibida la interrupción del acceso a Internet, o a parte de esta, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público, (…) las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de esta (…) Todo lo anterior vulnera de manera radical el derecho a la libertad de expresión en Internet”[17].

Las restricciones de acceso a la Web en esta coyuntura nacional afectaron a los residentes de una localidad en su mayoría, de manera discrecional y desproporcional; para que este tipo de acciones sean legítimas deben estar establecidas “[p]or medio de leyes en sentido formal y material y que dichas leyes sean claras y precisas”[18]. Por otra parte, la limitación debe ser “[n]ecesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigue, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida, e idónea para lograr su objetivo”[19].

Diversidad y pluralidad

«El gobierno venezolano decide qué se puede leer y qué no. (…) Representa una medida totalitaria que, en materia de comunicación y libertad de expresión, hace que el gobierno de Maduro se parezca cada vez más a Cuba”[20] Claudio Paolillo, presidente Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Para que la democracia exista es imperante que las diversas opiniones puedan ser expresadas y sobretodo respetadas; es necesaria la no discriminación, garantía de que la libertad de expresión se ejerza sin miedo a represalias. En las comunicaciones se traslada este principio del derecho a Internet: es un requisito que todas las voces que participan en el debate sobre temas públicos puedan ser escuchadas.

La compra venta de medios de comunicación social marcó el 2014, el cambio de líneas editoriales trajo consigo el silenciamiento progresivo de las voces críticas en los medios tradicionales[21]; esa tendencia se repitió en Internet, consiguiendo muestras de censura, hostigamiento y amenaza a particulares que expresaban su opinión haciendo uso de las diversas herramientas que ofrece la red. La Relatoría Especial indica que “Le corresponde al Estado preservar las condiciones inmejorables que posee Internet para promover y mantener el pluralismo informativo. Esto implica asegurar que no se introduzcan en Internet cambios que tengan como consecuencia la reducción de voces y contenidos”[22].

En el entorno digital, imaginar que a una persona se le investiga por decir que no está de acuerdo con una política del gobierno es casi irrisorio; saber que se elimina un portal web por difundir información sobre protestas es preocupante. Durante el 2014 diversas páginas en Internet fueron víctimas de la política de censura del Estado por las noticias que publicaban; ejemplo de esto es el portal de noticias NTN24, cuyos dominios fueron bloqueados el 17 de septiembre de 2014 por la estatal Cantv.

En febrero y marzo censurar fue “decisión de Estado”[23]; el canal de noticias colombiano NTN24 fue eliminado sorpresivamente de la grilla de canales de televisión por suscripción, por hacer una amplia cobertura de las protestas de oposición en Venezuela. En septiembre NTN24 divulgó en su portal web noticias sobre la crisis hospitalaria en el país; en consecuencia, el acceso a la página desde Venezuela se interrumpió. A pesar de que Conatel explicó que se debía a una falla técnica, la empresa colombiana señaló que se trató de “[u]n bloqueo digital por parte del Estado venezolano”[24] que intentaron burlar, sin obtener los resultados esperados. En total, en septiembre ya contaban 16 direcciones web bloqueadas, incluyendo las alternativas NTN24.com, CanalNTN24.com, NTN24ve.com, NTN24venezuela.com y VeNTN24.com[25].

Los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que los estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos que impidan difundir sus opiniones o informaciones a los ciudadanos o a un grupo particular. En Internet, esto implica que es necesario asegurar que no haya un “[t]rato discriminatorio a favor de ciertos contenidos en Internet, en detrimento de aquellos difundidos por determinados sectores”[26].

El 13 de marzo fue bloqueada la transmisión en vivo del portal de noticias, almomento360.com; la señal transmitía la cobertura de las protestas realizadas en Altamira, Caracas, y la dispersión a los manifestantes por efectivos de seguridad. La Jefa de información de la página web señaló que se eliminó este contenido “después de haber sufrido ataques cibernéticos, bloqueos a la dirección URL del canal y un bloqueo parcial que impide desde hace tres días subir noticias normalmente”[27].

En consecuencia, Internet Society Venezuela manifestó su preocupación y exhortó al Estado a “revertir las órdenes de bloqueos a los sitios web hasta tanto exista un debido proceso, con suficientes garantías de autonomía, independencia e imparcialidad de los funcionarios o jueces que tomen las decisiones sobre ello”[28]. Todos los bloqueos registrados durante el 2014 fueron ejecutados sin investigación previa ni orden judicial.

A lo largo del año otros portales de noticias fueron bloqueados o atacados: a NTN24 y Almomento360.com, se suman Globovision.com el 9 de octubre[29]; el portal de noticias argentino Infobae, por la publicación de las imágenes del cadáver del diputado Robert Serra[30]; y la página oficial de la Organización de Estados Americanos (www.oas.org), cuando la diputada de oposición María Corina Machado se dirigiera a los representantes de las naciones durante el Consejo Permanente de la OEA sobre la “situación actual y el diálogo en Venezuela», haciendo uso del derecho de palabra que cedió el gobierno de Panamá[31].

Las restricciones de acceso a estos portales atentan contra sus dueños, pero afectan directamente a las personas interesadas en conocer la información que allí se divulga que, además, generalmente no es reseñada en otros medios de comunicación social. Las noticias sobre manifestaciones y represión deben ser divulgadas de forma oportuna y las personas que no tuvieron acceso debido a los bloqueos de páginas web, perdieron la posibilidad de tomar decisiones informadas que afectan su cotidianidad; por ejemplo, ¿es conveniente salir hoy de casa? ¿Cambio la ruta para ir al trabajo? ¿Debo buscar a los niños en el colegio más temprano?

Más allá de las decisiones del día a día, el bloqueo informativo de noticias afectan directamente la posibilidad de contraloría social: desconocer el mal actuar de los funcionarios condiciona el juicio hacia éstos, interfiere en los procesos de organización de los actores sociales para la participación en lo público y, además, las tomas de decisiones no contemplan la información que se requiere para que sean acertadas.

Ante los bloqueos web en Venezuela hubo pronunciamientos de organismos internacionales, la Relatoría Especial manifestó su preocupación por “[p]resuntos bloqueos de la señal de internet de medios de comunicación”[32] y la SIP catalogó el bloqueo de Infobae como “[u]na grave falta a la libertad de expresión” y aseguró que «El gobierno de Nicolás Maduro ha tomado como costumbre bloquear los medios online”[33].

Filtrado

“No se puede intervenir llamadas telefónicas de personas sin autorización, eso está clarito en la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones; entonces evidentemente esas grabaciones son ilegales» Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano[34].

Uno de los principios de libertad de Internet es la privacidad, tener la seguridad de que nadie está interceptando los mensajes que se envían por cualquier medio ofrece la garantía de poder opinar sin miedo, levantar una voz crítica al poder, ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos. El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “[n]adie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia” y que “[t]oda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Es obligación del Estado asegurarse de que nadie pueda afectar la privacidad de los individuos y, además, respetar este principio en Internet. La resolución “El derecho a la privacidad en la era digital” de la Asamblea General de la ONU exhorta a los estados a que “Respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales”^[35]. Por su parte, La Relatoría Especial agrega que “[l]as autoridades deben, de una parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en la órbita del individuo, su información personal y sus comunicaciones y, de otra parte, deben garantizar que otros actores se abstengan de realizar tales conductas abusivas”^[36].

En Venezuela, la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones establece en su artículo 2, prisión de tres a cinco años para quien “[a]rbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre otras personas, la interrumpa o impida”. Sin embargo durante el año 2014 altos funcionarios venezolanos revelaron información de llamadas telefónicas y correos electrónicos de líderes opositores al gobierno.

El caso ícono es el de la diputada María Corina Machado, acusada por información supuestamente obtenida de sus cuentas de correo electrónico y llamadas telefónicas. El 25 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, reveló el contenido de mensajes entre el asesor político Juan José Rendón y Machado en los que detallan “el apoyo extranjero a los planes desestabilizadores en contra del Gobierno nacional”^[37].

El anuncio fue hecho a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión, en el programa Con el Mazo Dando, conducido por Cabello. Un medio que debe ser plural e inclusivo se convirtió en la plataforma para divulgar ante todo el país una información obtenida de forma ilegal por el presidente del órgano legislativo venezolano. El 16 de marzo, en el mismo canal, los conductores del programa Zurda Konducta mostraron una supuesta grabación de una conversación entre la diputada Machado y el historiador Germán Carrera Damas, donde “queda en evidencia un plan conspirativo dirigido por la Diputada para derrocar al gobierno con ayuda de sectores internacionales, e incluso del gobierno de Panamá”^[38].

Dos meses después, el alcalde del  municipio Libertador (en Caracas), Jorge Rodríguez, reveló el 28 de mayo supuestos correos electrónicos donde Machado escribe al constitucionalista Gustavo Tarre para “rechazar la inacción de algunos políticos con relación a su destitución de la AN” y asegurar que su lucha continuará hasta que haya un cambio de gobierno y pueda “cumplirle a quienes apoyan desde el exterior»^[39]. Esta vez, el anuncio fue hecho en una rueda de prensa, acompañado por importantes funcionarios: la primera dama, Cilia Flores; el presidente de la AN, Diosdado Cabello; el entonces ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez; y el vicepresidente, Jorge Arreaza.

Al día siguiente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, buscó darle visos de legalidad a la intromisión y declaró que la revelación de las supuestas conversaciones privadas de Machado “[f]orman parte de una investigación oficial” y “[f]ueron interceptados en una acción ajustada a la ley”^[40]; sin embargo no se conocía ninguna acción legal contra la diputada ni decisión de un tribunal que permitiera intervenir sus comunicaciones.

Por otra parte, Winston Krone, experto en ciberseguridad afirmó que “[l]a compañía Google no tiene registro sobre tres de los cuatro correos electrónicos que implicarían a Burelli (ex presidente de PDVSA) con el presunto plan”^[41].

El problema de las filtraciones incluye las 137 denuncias de hackeos registradas durante el 2014 y se extiende al ámbito público, convirtiéndose en ejemplo de lo que podría pasarle a un particular si está en el centro de la diana gubernamental. La Relatoría Especial recuerda que “la vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno ejercicio del derecho a comunicarse”^[42]. Sin posibilidad de disentir tranquilamente la democracia se ve afectada, y en Venezuela la sensación de temor se extiende a las redes sociales, plataformas de opinión desde donde se procesaron al menos a siete personas por expresar sus ideas.

Por mensajes publicados en Twitter destacan los casos de Inés González (@inesitaterrible),  imputada por los delitos de ultraje a funcionario público, ultraje violento e instigación violenta por difundir mensajes contra el gobierno de Maduro^[43]; María Magaly Contreras (@marletmaga),  fue detenida y se le imputaron los delitos de «instigación e intimidación pública», en marzo de 2015 continúa detenida a pesar de una decisión que exige su libertad^[44]. Ginnette Hernández, (@Hiipolita) fue detenida tras la muerte del diputado Serra porque días antes publicó como “vidente” que habría luto en la AN^[45]; Leonel Sánchez Camero (@AnonymusWar), fue imputado por instigación al odio, conspiración, ultraje, acceso indebido y posesión de equipo para falsificación; por la supuesta publicación de imágenes del cadáver del diputado Serra^[46].

Internet ¿para todos?

Es preciso al menos señalar otros problemas respecto a Internet en Venezuela que afectan el derecho a la libertad de expresión y es necesario que sean atendidos con urgencia. No basta con que un país tenga acceso a Internet, éste debe ser de calidad, lo que incluye velocidad, neutralidad, pluralidad y privacidad.

Conatel indicó que para el primer trimestre de 2014, 44 de cada 100 habitantes tienen “acceso frecuente y estable a Internet” y hay un 62% de usuarios que ingresan a la red desde su hogar. En el cuarto trimestre del año, Conatel señaló que “60 de cada 100 habitantes con 7 años y más tiene acceso frecuente y estable a Internet”; y “29 de cada 100 usuarios de Internet acceden a la red desde su casa”^[47]. Las cifras oficiales muestran un descenso en el número de usuarios en hogares, e indica que el 77,2% del total de suscriptores a Internet acceden a través de un plan de datos en su teléfono móvil^[48].

Sin embargo un teléfono celular fabricado en Venezuela que cuente con acceso a Internet, cuesta casi un sueldo mínimo (VTelca) y pocas veces está disponible en las tiendas; las opciones que exhiben las vitrinas valen más de dos salarios básicos[49]. Los modelos de casas famosas como Samsung y Apple pueden obtenerse en las tiendas de artículos electrónicos pagando más de diez veces un sueldo mínimo. La Relatoría Especial señala que “[p]ara asegurar el disfrute efectivo y universal del derecho a la libertad de expresión, deben adoptarse medidas para garantizar, de manera progresiva, el acceso de todas las personas a Internet”^[50] y el Estado venezolano está en deuda con este postulado.

El Gobierno ha tomado acciones por acortar la “brecha digital”^[51] entre los sectores con menos poder adquisitivo, en virtud de ello regaló computadores portátiles (Canaimitas) a estudiantes de bajos recursos, pero esta acción aislada no basta. Proporcionar el acceso universal a la web “[n]o solamente está relacionada con la disponibilidad del acceso a Internet, sino también con la calidad, la información y los conocimientos técnicos necesarios para que el acceso a Internet sea útil y provechoso para los usuarios”^[52].

Adicionalmente es urgente que se invierta en mejorar la velocidad de conexión en el país, Venezuela tiene la más baja de América del Sur (1.7 Mbps), superada por Bolivia, con 1.85Mbps y Paraguay con 3,51Mbps de velocidad promedio de la banda ancha. Mientras, Uruguay y Chile lideran el ranking en Suramérica, con 20Mbps y 13,15 Mbps de conexión promedio respectivamente^[53]; y países también etiquetados como socialistas rondan los 27.6 Mbps (Rusia) y 24.8 Mbps (China)^[54].

Las restricciones a la libertad de expresión en Internet deben verse con lupa, revisar a detalle sus consecuencias para lograr comprender que no se trata solo de un medio más por el cual nos comunicamos, sino que es una plataforma en la que se ejercen y exigen los derechos. Es inadmisible el silencio ante irregularidades como bloqueos, violaciones a la privacidad, amenazas y persecución judicial por opiniones emitidas en la red, recordemos siempre que los derechos se extienden a esta —no tan— nueva plataforma de comunicación interpersonal y masiva.

 

_____________________________________________________________________

[1] Licenciada en Comunicación Social, Coordinadora del Programa de Medios y Responsabilidad Social de Espacio Público 2015

[2] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13.

[3] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. A/HRC/20/L.13. 29 de junio de 2012. Párr. 1

[4] Datos de Espacio Público.

[5] Runrun.es (2014) Recordar es vivir, por Elsa Albertini. Consultado en marzo 10, 2015 en URL http://goo.gl/W4zo4K

[6] Espacio Público (2014) Bloqueos de imágenes en Twitter y sitios web desde Venezuela. Consultado en febrero 17, 2014 en URL http://goo.gl/jj8I6Q

[7] Bloomberg News (2014) Twitter Says Venezuela Blocks Its Images Amid Protest Crackdown. Consultado en febrero 14, 2014 en URL http://goo.gl/hCyQW2

[8] Espacio Público (2014) Bloqueos de imágenes en Twitter y sitios web desde Venezuela, Consultado en febrero 17, 2014 en URL http://goo.gl/jj8I6Q

[9] William Castillo (2014), en Twitter. Consultado en febrero 12, 2014 en URL https://twitter.com/planwac

[10] Inside Telecom (febrero 20, 2014) Cantv cortó Internet al Táchira, sí bloqueó Twitter

y redujo velocidad de ABA afectando miles de clientes. Disponible para consulta en https://dl.dropboxusercontent.com/u/31804080/20140220_Inside07-2014.pdf

[11] Cantv (2014), Comunicado: Cantv no es responsable de falla en la plataforma de Twitter. Consultado en febrero 14, 2014 en URL http://goo.gl/d15wo5

[12] Estamos en línea (2014), Inside_Telecom “Cantv cortó Internet al Táchira, sí bloqueó Twitter y redujo velocidad de ABA”. Consultado en febrero 22, 2014 en URL http://goo.gl/WgDZls

[13] Red Privada Virtual, permite la conexión a Internet de forma anónima y evadir bloqueos aplicados a una zona geográfica específica.

[14] Espacio Público (2014), Aplicación que convierte a teléfonos en walkie-talkies es bloqueada por Cantv. Consultado en febrero 24, 2014 en URL http://goo.gl/d8AASl

[15] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 16

[16] Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr. 29 y 78. Disponible para consulta en: http://goo.gl/k3Ms2u

[17] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 49.

[18] Ídem, Párr. 58

[19] Ídem, párr. 61

[20] Infobae (2014), La SIP repudió el bloqueo a Infobae en Venezuela. Consultado en octubre 13, 2014 en URL http://goo.gl/qcnl8l

[21] Ver capítulo Ultimas Noticias y El Universal: Compran los diarios, expulsan a los periodistas y reducen las noticias.

[22] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 19.

[23] Espacio Público (2014) Maduro: “fue una decisión de Estado” censurar NTN24. Consultado en febrero 11, 2015 en URL http://goo.gl/CpDevP

[24] Espacio Público (2014) NTN24 niega fallas técnicas en sus portales. Consultado en octubre 6, 2014 en URL http://goo.gl/t2ZGOA

[25] Espacio Público (2014) Bloquean dominios de NTN24. Consultado en septiembre 23, 2014 en URL http://goo.gl/6cs65t

[26] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 20 y 21.

[27] La Patilla (2014) Por transmitir en vivo protestas en Altamira el portal @almomento360sufrió un bloqueo parcial. Consultado en marzo 17, 2014 en URL http://goo.gl/Tr3Bry

[28] Espacio Público (2014) ISOC Venezuela llama a la libertad de Internet. Consultado en marzo 14, 2014 en URL  http://goo.gl/Ko1NrU

[29] Globovisión (2014) en Facebook. Consultado en octubre 9, 2014 en URL  http://goo.gl/Z5fBTo

[30] Espacio Público (2014) SIP rechaza bloqueo del portal Infobae en Venezuela. Consultado en octubre 21, 2014 en URL http://goo.gl/StAaE8

[31] Espacio Público (2014) Bloquean página web de la OEA. Consultado en marzo 21, 2014 en URL http://goo.gl/1QO4rl

[32] Espacio Público (2014) CIDH denuncia «deterioro» de la libertad de expresión en Venezuela. Consultado en octubre 6, 2014 en URL http://goo.gl/SBrMqe

[33] Espacio Público (2014) SIP rechaza bloqueo del portal Infobae en Venezuela. Consultado en octubre 21, 2014 en URL http://goo.gl/StAaE8

[34] Últimas Noticias (2013) Video | «Grabar y difundir llamadas es ilegal». Consultado en marzo 15, 2014 en URL http://goo.gl/4f1xGJ

[35]  Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de

2013. 68/167. El derecho a la privacidad en la era digital. A/RES/68/167. 21 de enero de 2014. Párr. 4.

[36] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 23.

[37] Diario Informe (2014) Diosdado Cabello revela presuntos mensajes entre JJ Rendón y María Corina Machado sobre un golpe de Estado. Consultado en marzo 10, 2015 en URL http://goo.gl/Q97nLl

[38] Reporte Confidencial (2014) Revelan nuevo audio atribuido a María Corina Machado en presuntos planes conspirativos. Consultado en marzo 10, 2015 en URL http://goo.gl/RV2fC4

[39] Espacio Público (2014) Hacen públicas comunicaciones de dirigentes políticos. Consultado en agosto 12, 2014 en URL http://goo.gl/epVRf0

[40] Últimas Noticias (2014) Fiscal: Presunto plan magnicida es un tema de seguridad de Estado. Consultado en marzo 10, 2015 en URL http://goo.gl/6QJisN

[41] El Universal (2014) Experto afirma que son falsos los correos que implicarían a Burelli en plan. Consultado en marzo 10, 2015 en URL http://goo.gl/9R2q3H

[42] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 23.

[43] El Nacional (2014) Se ordenó traslado de la tuitera Inesita Terrible al Helicoide. Consultado en noviembre 6, 2014 en URL http://goo.gl/ra10LF

[44] La Verdad (2014) Vidente zuliana es la séptima tuitera detenida por opinar. Consultado en noviembre 6, 2014 en URL http://goo.gl/1hYyyF

[45] La Patilla (2014) Sebin detiene a “vidente” que predijo luto en la AN. Consultado en ocubre 17, 2014 en URL http://goo.gl/8j3R1q

[46] Espacio Público (2014) Diosdado Cabello anuncia detención de twittero en Barinas. Consultado en agosto  25, 2014 en URL http://goo.gl/tsx6Vp

[47] Conatel, Cifras del sector telecomunicaciones, junio de 2014 pág. 14. Disponible para consulta en http://goo.gl/i38VJS

[48] Conatel, Cifras del sector telecomunicaciones, febrero de 2015. Disponible para consulta en http://goo.gl/AHYz8k

[49] Estimaciones hechas a partir del teléfono disponible en venta en marzo 2015. Ver información 2014 en http://goo.gl/vUi57V

[50] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 37.

[51] Según las Naciones Unidas es “la separación entre quienes tienen acceso efectivo a las tecnologías digitales y de la información, en particular a Internet, y quienes tienen un acceso muy limitado o carecen de él”. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 de mayo de 2011. Párr. 60 y 61

[52] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión e Internet = Freedom of expression and the Internet,  31 de diciembre de 2013. Párr. 39

[53] Últimas Noticias (2014), Internet de Venezuela es el más lento de Sudamérica. Consultado en marzo 10, 2015 en URL http://goo.gl/b6Mbs4

[54] Ned Index, mapa global de velocidad promedio en Internet. Consultado en marzo 11, 2015 en URL http://goo.gl/IhEFsi